La ley de Amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados va a consagrar la desigualdad legal de los españoles, pese a que el artículo 14 de nuestra constitución señala textualmente que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Pues bien, una vez quede aprobada la mencionada ley, quienes en estos momentos, con la legislación vigente en la mano, son considerados delincuentes por haber protagonizado o participado en un intento de golpe de Estado, como el que trataron de llevar a cabo en 2017 los independentistas catalanes que fueron condenados por el tribunal supremo e indultados por el gobierno de Pedro Sánchez, dejaran de serlo. Esta ley sobrepasa los indultos y propone amnistiar esos delitos, incluidos los que pudiesen ser considerados por los tribunales delitos de terrorismo. Otros delincuentes por los mismos delitos seguirán siéndolo. No hay igualdad ante la ley.
En las últimas semanas los agricultores y ganaderos se han alzado y son continuas sus protestas. El trato que reciben por parte de las fuerzas de seguridad del Estado difieren de unos sitios a otros. Hemos visto a agricultores catalanes cortando una vía de comunicación tan importante como la autopista del Mediterráneo, la A-7, y cerrando durante muchas horas el paso de la frontera con Francia, sin que haya una intervención policial, pese a la gravedad de que supone una acción como esa. Sin embargo, si quienes cortan una autovía se trata de agricultores o ganaderos andaluces, son muy pronto conminados a levantar el corte y, en caso de que no quede despejada la carretera, se produce la intervención policial, a veces con gran contundencia. Otro tanto ocurre cuando son andaluces los agricultores que tratan de boquear un puerto, como puede ser el de Almería, para obstaculizar el paso de productos procedentes de Marruecos. La policía, que ha consentido el bloqueo de la frontera con Francia en Cataluña, no permite el bloqueo de ese puerto.
Los trabajadores de la industria del metal de Puerto Real tuvieron durante una huelga un serio enfrentamiento con fuerzas de orden público, algunos de ellos han sido acusados de graves delitos y están siendo procesados. Esos enfrentamientos no fueron comparables a los protagonizados por independentistas catalanes que llegaron a lesionar de forma tan grave a dos agentes de policía que como consecuencia de ello tuvieron que ser dados de baja y, ante la gravedad de las secuelas, han tenido que ser jubilados anticipadamente. Quienes cortaron vías de comunicación, invadieron el aeropuerto del Prat o la estación de ferrocarril de Sants quedarán amnistiados, una vez quede aprobada la ley con la que Sánchez, gracias al apoyo del grupo parlamentario del principal de los amnistiados, permanecerá en el gobierno.
No es igual protagonizar acontecimientos similares por los agricultores en Andalucía o en Cataluña. El artículo 14 de la constitución ha quedado convertido en agua de borrajas por el interés de un gobierno que buscando una mayoría parlamentaria no ha tenido empacho en dar vía libre a lo que negaba hace sólo unos meses y que el ministro de Justicia, incluso, se autofelicitase por haber impulsado un acuerdo como ese.
(Publicada en ABC Córdoba el viernes 15 de marzo de 2024 en esta dirección)